El sector editorial sufre una situación de desventaja competitiva respecto a los países del entorno europeo en relación con los derechos de autor generados por la reutilización de sus obras (digitalización, fotocopias, comunicación pública, etc.).
A pesar de que los titulares de derechos han hecho el esfuerzo de facilitar la reutilización de sus contenidos a un precio muy asequible (sus tarifas están por debajo de la media europea) los autores y editores no están siendo remunerados de forma adecuada por los usuarios de sus obras, tampoco por parte del sector público. A todo ello hay que sumar el grave impacto que los elevados índices de robo digital de contenidos editoriales generan al sector. Estos factores comprometen la sostenibilidad de la cultura escrita y la salud democrática en España.
El sector editorial recauda 6,63 millones de euros, de los cuales:
son aportados por el sector público.
El sector editorial recaudaría 44,67 millones de euros por la reutilización de sus contenidos, de los cuales:
serían aportados por el sector público
El sector editorial recaudaría 72,34 millones de euros por la reutilización de sus contenidos, de los cuales:
corresponderían al sector público.
El nivel de acceso a contenidos editoriales ilícitos desciende significativamente en aquellos países con menor desarrollo cultural con una correlación del 59,81 %, lo que significa que el acceso a contenidos ilícitos es explicado por un indicador cultural, en consecuencia, gestionable desde políticas de concienciación social.
El coeficiente de correlación entre PIB y acceso a páginas ilícitas es del 71 %, lo cual quiere decir que a mayor riqueza hay más consumo ilícito. Esto significa que no se roban estos contenidos por razones económicas, además se extraen diferentes conclusiones: El consumo ilícito es proporcional al tamaño económico del país. Las economías fuertes generan demandas culturales fuertes. Si los países con mayor capacidad económica llevan a cabo más políticas antifraude, dichas políticas no son suficientes.